El 10 de junio pasado, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una ley que despenalizó los delitos de “difamación” e “injurias” para los asuntos de interés público; eliminando el delito que castigaba con penas de prisión a quienes “atentaran contra el honor” de los jefes de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos.

Los “atentandos contra el honor” han sido usados por los regímenes militares y totalitarios como arma de control político y social.Si bien la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha declarado su satisfacción por ese paso en la legislación uruguaya, que “se suma a una saludable tendencia en América Latina”, mantiene su preocupación por mantener un desaconsejable margen de discrecionalidad para que los magistrados invadan la libertad editorial de los medios de prensa.

La ley  mantuvo vigente el delito de “desacato” contra funcionarios públicos en casos de actos directos. Sin embargo, con la modificación de su redacción original quedó atenuada su aplicación en contra los medios y los periodistas.

Asimismo, la legislación incorporó la noción de la “real malicia” para cuando los jueces deban resolver conflictos que afectan a la prensa, aunque no fue clara al determinar  que deben ser los querellantes y no los medios de comunicación o los periodistas, quienes deben probar las conductas presuntamente negligentes o despreciativas de la verdad. Esto mantiene sobre la prensa la carga de demostrar que no actúa de mala fe en su tarea profesional, desdibujando el sentido de la “real malicia”.