Se imponen en Venezuela cuotas obligatorias para la producción de alimentos

El gobierno de Hugo Chávez dio hoy un paso más en su objetivo de imponer una economía centralizada. Cinco días atrás creó una crisis alrededor del arroz blanco argumentando que una o dos procesadoras del cereal se negaban a producir la presentación que debe venderse a precio regulado, desviando los insumos del grano hacia presentaciones saborizadas de mayor precio.
Lo anterior se hizo para construir el marco en el cual emitir hoy una Resolución Ministerial (Número 016-09, Gaceta Oficial N° 39.129) en la que se obliga a las empresas a cumplir cuotas de producción para los artículos que en ella se mencionan.

Tan claro está que la crisis del arroz fue una táctica parte de la estrategia, que la disposición es publicada el 3 de marzo pero con fecha de 27 de febrero. Es decir, fue redactada antes de intervenir la planta de Arroz Primor de Alimentos Polar. Más aún, el artículo 1° de la mencionada resolución fija como fecha de referencia el 13 de enero de 2009. Esto significa que la disposición regulatoria establece 49 días de retroactividad.
Así, las empresas productoras de aceite comestible, azúcar, café, queso y salsa de tomate, deben destinar de manera obligatoria 95% de su producción a “presentaciones reguladas”. Para la harina de maíz blanco precocida, leche en polvo completa, leche pasteurizada completa, margarina y mayonesa, la cuota obligatoria es de 90%.
Después de la acción interventora de las plantas de arroz, éstas deben destinar 80% de su producción a la presentación regulada. Las pastas alimenticias son el producto con menor cuota obligatoria: 75%.
Para que no quede duda alguna, la resolución reza que “la agroindustria sólo podrá elaborar variedades o presentaciones excluidas de la regulación de precios, en una proporción equivalente al porcentaje restante, hasta completar el cien por ciento del producto regulado que elabore”.
El control estatal va más allá de establecer cuotas de producción, pues en el artículo 2 obliga “de igual forma a las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que desarrollen actividades comerciales” a  “exhibir los rubros alimenticios antes indicado respetando la proporción mínima señalada”.
Esto se traduce inmediatamente en que el consumidor venezolano no tendrá libertad de consumir lo que desea. En el caso de la leche pasteurizada, por ejemplo, significa que la industria láctea solo puede destinar 10% de su producción a leche descremada, u otras variedades. Probablemente habrá desabastecimiento permanente de leche descremada, en perjuicio de quienes deben consumir ese producto por indicaciones médicas.
En los segmentos de margarinas y de quesos, que se caracterizan por una amplia variedad, también es previsible una disminución en la oferta al consumidor.

Racionamiento por decreto

El establecimiento de cuotas de producción se suma a una medida anterior, que data del 29 de abril de 2008, cuando el gobierno nacional, en resolución conjunta de los ministerios de la Defensa, para la Agricultura y Tierras, y para la Alimentación, creó el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), según consta en la Gaceta Oficial N° 38.920. Posteriormente el Ministerio para la Alimentación emitió una resolución (Gaceta Oficial N° 38.944, del 3 de junio de 2008) en la que establece los “lineamientos y criterios” para establecer cuotas de distribución para cada estado del país, “en la forma, cantidades y calidad que satisfaga el consumo interno”. Es decir, una cartilla de racionamiento al comercio de mayoreo.

Mayor incertidumbre

Las empresas tienen 90 días para consignar ante el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, los documentos necesarios para solicitar una excepción al cumplimiento de estas cuotas. El problema es que el mismo día de publicar esta medida, se decide  reestructurar el gabinete ministerial.
El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología pasa a denominarse Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Se presume que lo que hasta hace pocas horas se consideraban “industrias ligeras”, ahora son “industrias intermedias” y son regidas por este ministerio, cuyo titular es Nuris Orihuela Guevara.
También se crea el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, bajo el mando de Eduardo Samán.  Se desconoce ante cuál de los dos despachos deben acudir las empresas a solicitar las excepciones en el cumplimiento de las cuotas de producción.

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