Internet de galena

Una nueva amenaza contra los medios de comunicación se presenta en Venezuela. Es la misma amenaza que el régimen militar del teniente coronel Hugo Chávez ha mantenido desde que se autoproclamó líder y motor de un Socialismo del Siglo XXI, que en realidad es la reedición de un comunismo caribeño del siglo veinte.

Se trata del cierre de 240 emisoras de radio y la prohibición de la conformación de circuitos, llamada a así la asociación lícita de emisoras de radio con el fin de ampliar la cobertura informativa, ser más eficiente en la operación y más productivo en la comercialización de espacios publicitarios.
Como en la oportunidad, en 2005, cuando el régimen sacó de la televisión abierta a RCTV, el régimen utiliza medidas administrativas de dudosa legalidad ejecutadas a través del órgano regulador de las telecomunicaciones. Entonces se hablo del fin de la concesión. Sí, se terminaba la concesión, pero en razón de una interpretación arbitraria de una medida administrativa tomada por el propio órgano regulador Conatel, que se devino como en esta ocasión en legislador y ejecutor.
Como aliado del Poder Ejecutivo actúa la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por parlamentarios que no parlamentan, sino que obedecen mecánicamente las órdenes del poder central. Esta asamblea no solo reformará en pocos días la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sino que crea aceleradamente de una Ley de Delitos Mediáticos y reforma la Ley del Periodismo para proscribir el Colegio Nacional de Periodistas como institución gremial. También se encarga de reformar el Código Orgánico Procesal Penal, en el que se enfatiza la criminalización de la opinión.
Irónicamente, o mejor, cínicamente, el régimen da como argumento para estas medidas la “democratización” del espectro radiofónico. Curiosa manera de entender la democracia. Para el régimen militar democracia no significa pluralidad y apertura, sino singularidad estatal y exclusión.
La amenaza -¿quién duda de su ejecución?- no solo resultará en una grave limitación del derecho a la libertad de expresión, sino también a derechos económicos fundamentales, pues la medida contra las emisoras de radio no solo contempla el retiro de la concesión, sino el comiso de equipos y bienes propiedad de las empresas.
Casi sin ser advertido por el público en general, la primera fase de esta arremetida contra la libre empresa en el sector radiofónico se cumplió hace pocos meses, cuando se ordenó a los registros civiles no protocolizar operaciones de compra, venta o traspaso de acciones en personas jurídicas del ramo de las telecomunicaciones. La medida llega al punto de desconocer la titularidad de los derechos sucesorales, en el caso del fallecimiento de algún accionista de empresas dedicadas a la radiodifusión.
Ya en sí misma la arremetida del régimen contra la radiodifusión es grave, pero ella contempla arbitrariedad, discrecionalidad, y una intención totalitaria que poco a poco trasciende en dosis homeopáticas hacia toda la actividad económica y social del país.
El Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chavez en la era de internet, es un Totalitarismo 2.0, una versión que agrupa aplicaciones de origen soviético, cubano, chino; y por qué no, de creación propia. Como en China, Corea del Norte o Cuba, vendrá luego el control de internet. Para eso primero debe cumplirse un paso más complejo, pero ya en marcha: la instalación y puesta en funcionamiento de un cable submarino como único punto de acceso a internet, una tarea que ya adelanta una empresa estatal conformada por Venezuela y Cuba.
Así, en la era de la Wikipedia de internet, en la era de la radio digital y satelital, tendremos que hacer réplicas de aquellas radios de galena con las que los presos políticos durante la dictadura de Juan Vicente Gómez escuchaban las pocas emisoras de radio que comenzaban a instalarse en Venezuela.

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