Comentarios sobre obligación de Registro Militar en Venezuela

Casi un año atrás, en octubre 2009, se promulgó la LEY DE CONSCRIPCIÓN Y ALISTAMIENTO MILITAR, que establece entre otras obligaciones la de inscribirse en un Registro Militar a toda persona entre 18 y 60 años, y para las empresas la obligación de “contribuir” con las autoridades militares en éste y otros aspectos de la ley.

Han circulado muchos comenarios, críticas y manifestaciones de rechazo en el sector civil, incluyendo el de ONGs que denuncian la Ley como inconstitucional. En particular, en el sector privado se especula sobre posibles sanciones (multas) al tener entre sus empleados personas que no se hayan registrado en el Registro Militar.

A propósito, luego de revisar el texto legal, anoto aquí algunas consideraciones:

Sin ser experto veo unos puntos de inconsistencia, por ejemplo, el artículo  44 establece el deber de cooperar y contribuir con las autoridades por parte de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, tanto de derecho público como de derecho privado, pero el  Artículo 84 solo establece sanciones por el incumplimiento por parte de las “autoridades civiles y militares”. Es decir, el incumplimiento del deber del artículo 44 no tiene sanción alguna.

Sobre la obligación de exigir la inscripción militar, el  Artículo 81 dice que “las personas naturales, el patrono o patrona de empresas, sean éstas de derecho  público o privado, y los o las representantes de las cooperativas, antes de celebrar el respectivo contrato de trabajo, están en la obligación de exigir a los venezolanos o venezolanas la presentación del documento que acredite su inscripción militar o haber cumplido el servicio correspondiente. En caso de incumplimiento de esta obligación se aplicarán las sanciones establecidas en la presente Ley.

En el aparte de sanciones “de la presente ley” hay un vacío, pues ninguna sanción se refiere al incumplimiento del artículo 81 por parte de patronas o patronos.

Según el Art 86 esta sanción es para “representantes, funcionarios o funcionarias con competencia para la contratación de personal de los órganos y entes de la Administración Pública”. Lo malo es que ya están circulando versiones que extienden tal sanción a la contratación de personal en el ámbito privado, interpretando por extensión que aplica al incumplimiento del artículo 81.

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